„Esta es la última mesa de diálogo social. No tendrá ninguna convocatoria más”, ha arrancado Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, tras la reunión que pone casi el punto y final a una negociación que se mantenía con vida gracias a la respiración asistida desde hacía meses. El ministerio que encabeza la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apunta a un acuerdo únicamente con los sindicatos tras el rechazo de la patronal a reducir la jornada por ley hasta la 37,5 horas semanales. El departamento de Trabajo apunta a un acuerdo „inminente” con las centrales retirando las ayudas con las que intentó seducir a los empresarios.

El ‘número dos’ de Díaz ha anunciado el inicio del trámite parlamentario por vía urgente elevando el texto a audiencia pública desde mañana, pese a que todavía no se ha cerrado el acuerdo con los sindicatos mayoritarios sentados en la mesa, UGT y CCOO. Pérez Rey asume que „no hay tiempo material para cerrar las 38,5 horas en 2024 y pasamos directamente a las 37,5 horas en 2025”.

El Gobierno prevé rubricar la firma bipartita junto a las centrales „de forma inminente” retocando el articulado, que ya no contemplará ayudas para las empresas para compensar la reducción del tiempo de trabajo. En todo caso, los sindicatos rebajan el tono optimista del Ejecutivo para cerrar todos los flecos.

„No parecen de recibo en un acuerdo con las organizaciones sindicales. Entonces, nosotros vamos a trabajar con ellos (sindicatos) en los próximos días y culminaremos lo que será el borrador del anteproyecto de ley que vamos a enviar a las Cortes Generales”, ha detallado. Una vez alcanzado este punto, Sumar deberá hacer encaje de bolillos en el terreno político para conseguir el apoyo de las distintas formaciones políticas.

La reforma llegará al Parlamento, de forma definitiva, sin un consenso marcado por el diálogo social tras el ‘no’ de CEOE. Aunque del poder del diálogo social y el político están delimitados, la confianza con la que sale una propuesta de los agentes sociales también determina sus apoyos en el Congreso. Las llaves para sacar adelante la reforma serían Junts y PNV, que estarían abiertamente en contra, mantendrían la reducción de jornada varada en el Congreso de los Diputados.

Control digital y sanciones

Los sindicatos mostraron su percepción „agridulce” tras 11 meses de negociación sin acuerdo. También elevaron el tono para estrechar el control y las sanciones a las empresas que incumplan los horarios.

Ambos sindicatos han hecho referencia a la propuesta que hizo el ministerio de Trabajo a comienzos de julio, que incluía aspectos esenciales para los sindicatos como el registro horario digital al que tendrá acceso la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Según fuentes empresariales, el control electrónico es el verdadero temor dentro de CEOE.

El vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, ha hecho especial énfasis en el registro horario para evitar el fraude y en elevar las sanciones. „No podemos tolerar que a las empresas que incumplen sistemáticamente les salga más rentable incumplir que cumplir. Debe incluir un aumento de las sanciones por el registro horario”, ha explicado ante los medios.

El secretario de Estado ha afeado la estrategia negociadora de CEOE, que considera „una tomadura de pelo”. Los empresarios han defendido en todo momento que el recorte horario se debe hacer de forma orgánica a través de los convenios colectivos, donde ya hay presencia de patronal y sindicatos.

Pérez Rey ha afirmado que la patronal ha atendido a „otros” intereses y no a la „defensa” de los intereses empresariales. Por tanto, ha pedido a CEOE explicar a 12 millones de trabajadores porque no se podrán beneficiar de esta reducción después de 40 años sin tocarse el tiempo de trabajo.