Tan sólo faltan seis días para que se despeje el nombre del candidato que regirá el destino de los gallegos durante los próximos cuatros años. Durante toda la campaña tanto las formaciones con representación en el Parlamento como las que aspiran a entrar han sacado su artillería en materia económica con propuestas encaminadas a mejorar el bienestar del ciudadano y su poder adquisitivo.

Propuestas que incluyen medidas como la ampliación del parque de viviendas público, la creación de más puestos de trabajo en la comunidad y cambios fiscales para, o bien aumentar la recaudación, o evitar que los gallegos paguen más impuestos.

Para el presidente de la Xunta y candidato del PP, Alfonso Rueda , quien se presenta a la reelección el próximo 18 de febrero, dichas medidas se centran en los impuestos cuyo propósito es mantener las rebajas fiscales en el de sucesiones y sobre la renta de las personas físicas (IRPF).

El PP se comprometió, además, a mantener la eliminación del impuesto de transmisiones patrimoniales para jóvenes, víctimas de violencia de género, familias numerosas y personas con discapacidad que adquieran su vivienda habitual en zonas poco pobladas.

Por su parte, la nacionalista, Ana Pontón, cuyas encuestas le vaticinan una importante subida al situarse como segunda fuerza por delante del PSOE, propone un impuesto sobre las grandes superficies comerciales para gravar el impacto social y económico de los centros comerciales, en función de su tamaño.

Sumar, con su canddiata, Marta Lois, se sube al carro de esta medida ya que considera que a través de esta tasa se podría financiar un fondo de impulso al comercio de proximidad. El programa del BNG también incluye un impuesto sobre las viviendas vacías, cuestión compartida por la formación morada , y el incremento de los tipos del IRPF para las rentas más altas.

Por su parte, desde la bancada socialista, su candidato, José Ramón Gómez Besteiro, promete aumentar la recaudación en Galicia a través de un nuevo modelo de financiaciónque tenga en cuenta la dispersión poblacional de la región. La candidatura de Podemos, con Isabel Faraldo a la cabeza, propone recuperar el impuesto sobre el patrimonio, sin bonificaciones, una medida con la que calcula que se podrían recaudar 1.600 millones de euros.

Sumar, a mayores, promete bonificar el impuesto sobre sociedades para aquellas empresas con domicilio social en Galicia que tengan consejos de administración paritarios. También incluyen en el programa la creación de un impuesto sobre el juego y la rebaja de los 700.000 a los 500.000 euros del mínimo exento en el impuesto sobre el Patrimonio.

Empleo

En materia de empleo, los socialistas prometen que si llegan a gobernar la Xunta, aprobarán en los primeros seis meses un programa plurianual del fomento del empleo que permitirá la creación de 20.000 puestos de trabajo.

El BNG y Podemos proponen que la comunidad asuma las competencias de la inspección de trabajo para intensificar su actividad. Los nacionalistas también abogan por la reducción de la jornada laboral a las 35 horas semanales.

Sumar se compromete a rebajar la tasa de paro de Galicia al 7% y a ofrecer bonos de transporte para los trabajadores que no tengan formas alternativas para acudir a su puesto de trabajo.

Por último, el PP centra sus propuestas en la creación de 4.000 puestos en la administración gallega y un programa con un presupuesto de 360 millones de euros para la agenda impulso autónomo 2027.

Vivienda

La falta de parque inmobiliario tanto en opción a compra como de alquiler y el difícil acceso de los jóvenes gallegos a una vivienda para poder independizarse están centrando buena parte de la campaña. En este sentido, los socialistas proponen la construcción de 10.000 viviendas con precios asequibles entre 2025 y 2030. Y los populares prometen ayudas para la autoconstrucción de viviendas unifamiliares nuevas.

En cuanto a viviendas públicas, el PP promete poner a disposición de los gallegos 8.000 viviendas en 2028. En Sumar, calculan que en 2030 se podría haber impulsado la construcción de más de 20.000. Critican que, en la actualidad, el parque de vivienda pública es de 3.788 inmuebles, frente a una demanda de 18.000. El compromiso de Lois es el de triplicar la cifra actual hasta las 22.400 viviendas durante la primera legislatura.

En Podemos, proponen la creación de un banco de viviendas rurales en alquiler para atraer y fijar población a zonas despobladas. Desde el BNG prometen una transferencia de las viviendas de la Sareb para que pasen a estar a disposición de una bolsa de vivienda pública en Galicia, así como la movilización de vivienda vacía.