España es una anomalía dentro de las economías mundiales debido a su enfoque singular hacia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el cual es uniforme para todos los territorios y sectores. A lo largo de los años, la patronal ha abogado por la implementación de distinciones basadas en los sectores productivos, con el fin de adaptarse a la diversidad presente en el territorio español. Considerando el nuevo SMI, que asciende a 1.134 euros al mes en 14 pagas, y aplicando los criterios establecidos por la Carta Social Europea, la cual sostiene que la retribución mínima debería equivaler al 60% del salario medio, los salarios mínimos sectoriales podrían variar en una horquilla superior a los 1.200 euros mensuales. Con este sistema, 11 de las 20 ramas de actividad quedarían por debajo del SMI de 2024.

Los trabajadores del hogar (relativos a la rama T) serían los principales afectados por este cambio, ya que experimentarían una reducción en su retribución de 629,5 euros por cada una de las pagas, situándose en 504 euros.

Por otro lado, los profesionales que operan en la rama de suministros (D) serían los más beneficiados por este sistema hipotético, con un aumento de 664,2 euros por nómina, lo que elevaría su salario bruto a 1.798,2 euros por cada una de las 14 pagas.

En el sistema actual, hay nueve ramas de actividad que se sitúan por debajo del 60% general que se ha considerado desde el Gobierno al hacer el cálculo, según los datos extraídos del Decil de salarios del empleo principal de la Encuesta de Población Activa (EPA) para el 2022, publicados a finales del curso pasado.

La vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado en ocasiones que para el Gobierno la idea de establecer un SMI diferenciado, tal y como plantea la patronal, no es viable. Argumenta que con el actual sistema se evita la creación de „distintos” niveles salariales y garantiza que todos los trabajadores en el país, sin importar su ubicación geográfica o sector de actividad, cuenten con condiciones mínimas dignas que les permitan cubrir sus necesidades básicas y llegar a fin de mes con un salario justo.

En la infografía que acompaña este texto, podemos comprobar como, con un sistema mínimo por sectores, la cobertura de las ramas de actividad con los salarios medios más bajos quedarían bastante desprotegidos económicamente. También es cierto que estos sectores son los que aglutinan mayores trabajadores con jornadas parciales, reducidas, o por horas; por lo que su salario medio se ve más reducido.

Determinar un salario mínimo conlleva desafíos significativos, especialmente porque establecerlo por encima del valor de mercado puede tener repercusiones negativas en la creación de empleo. Desde la patronal Cepyme, se señala que el concepto de salario de mercado es diverso y variable, reflejando la demanda laboral según las habilidades requeridas por las empresas, con matices distintos en regiones y en empresas de diferentes tamaños. Esto sugiere que un enfoque único y homogéneo para el salario mínimo puede no ser adecuado para todas las circunstancias, y que es importante considerar la realidad específica de cada sector y región al establecer políticas salariales.

Otros países

Fijar un salario mínimo por encima del valor de mercado puede impulsar la sustitución de trabajadores por maquinaria, lo que podría convertir una parte del desempleo en un problema estructural. Esta persistencia en mantener un salario mínimo elevado puede dificultar la empleabilidad y fomentar la economía sumergida, especialmente en casos como el de España, donde las cotizaciones sociales son considerablemente altas en comparación con otros países de la Unión Europea. Los grupos más vulnerables, como individuos sin experiencia laboral, personas no capacitadas y jóvenes, podrían enfrentar mayores dificultades para acceder al mercado laboral si el salario mínimo es excesivamente alto.

Algunos países eligen no establecer un salario mínimo y permiten que la negociación entre empleadores y sindicatos defina las remuneraciones. Ejemplos de esto son Suecia, Dinamarca, Finlandia, Austria e Italia en la Unión Europea, así como Noruega, Islandia y Singapur fuera de ella. Los países que tienen un salario mínimo suelen implementar estrategias para reducir los riesgos asociados con su fijación.

En varios países alrededor del mundo, el concepto de salario mínimo se ha adaptado para reflejar las particularidades de cada sector económico. Esta adaptación se traduce en la implementación de salarios mínimos diferenciados por sectores, una práctica que busca ajustar las remuneraciones básicas según las necesidades y dinámicas propias de cada industria.

Para facilitar la contratación y compensar los costes de formación en los que normalmente incurre el empleador al comienzo de una relación laboral, varios países han incorporado reducciones del salario mínimo en determinadas circunstancias. En Alemania, el salario mínimo no se aplica a trabajadores en prácticas, empleados domésticos ni, durante los primeros seis meses, a los desempleados de larga duración que se reincorporan al empleo.

Otro ejemplo destacado es Francia, donde se establecen salarios mínimos específicos por sector, conocidos como salarios mínimos interprofesionales de crecimiento (SMIC). Estos salarios varían no solo según la región, sino también según la actividad económica, reconociendo así las diferencias en las condiciones laborales y los costos de vida entre distintos sectores.