El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha señalado a España por el uso abusivo de los contratos interinos en el sector público. La justicia europea considera que el Derecho español no disuade del abuso de interinos en las Administraciones Públicas y propone hacerlos fijos como solución, ya que se ha hecho una interpretación „muy extensiva” sobre la misma. En la Función Pública española hay dos sectores señalados por su elevada temporalidad.

La Sanidad pública tiene al 43% de su plantilla como interinos, mientras la Educación tiene una problemática similar con el 32% de los profesores como interinos. La interinidad va ligada a la temporalidad y la rotación, sinónimos de inestabilidad laboral, que afecta en mayor medida a las trabajadoras. En el último trimestre de 2023 hubo casi 20.000 ocupados por la Administración con contratos temporales de duración inferior a un mes, de los que 18.600 los firmaron mujeres. Precisamente la utilización sucesiva de contratos temporales es lo que persigue la Justicia europea.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, afronta de nuevo un enorme reto tras reformar las pensiones durante la pasada legislatura. Hasta la fecha ha pedido esperar a ver cómo los tribunales españoles interpretan lo que les sugiere el TUE, ya que, en su opinión, dicha sentencia se refiere a „unos casos muy concretos”, y traslada de una forma „clara” a los tribunales españoles la toma de decisiones finales.

La realidad es que España tiene un tapón en la convocatoria de plazas fijas en la Administración. La normativa española ofrece la „excepción” de que los funcionarios puedan permanecer en la plaza de forma temporal hasta tres años desde el nombramiento de funcionario interino y hasta que se resuelvan las convocatorias. El cóctel de escasa convocatorias y abuso de contratos temporales resulta en 150.000 trabajadores públicos con contrato temporal de tres años o más, casi el doble desde la pandemia.

Un problema histórico

El ministro Escrivá subrayó en un desayuno de Nueva Economía Fórum que el problema de fondo es la excesiva temporalidad que ha habido en España „durante décadas” y que todavía sigue existiendo. „En España hemos entendido que la flexibilidad en las relaciones laborales se conseguía tanto en lo público como en lo privado (…) teniendo grandes reservas de trabajadores temporales que se podían ajustar para arriba y abajo”, indicó el ministro.

En casa de herrero, cuchillo de palo: la última reforma laboral ha tenido un efecto positivo al reducir considerablemente la tasa de temporalidad del sector privado por debajo del 14% gracias a la conversión de los temporales en indefinidos fijos discontinuos. Sin embargo, es el sector público el que no da ejemplo con un incremento de la tasa de temporalidad, que rebosa el 30%.

El sector público tiene contratados a más de un millón de trabajadores temporales, según los datos más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al cuarto trimestre de 2023.

Escrivá admitió que Europa „nos entiende mal, nos ha entendido mal y tiene razón para entendernos mal”. El encargado de Función Pública cogió las riendas de su cartera ante el Congreso prometiendo una reforma en la planificación de los recursos humanos y la eliminación de la tasa de reposición, analizando qué perfiles necesita la Administración en un momento clave por la jubilación de los trabajadores del ‘baby boom’ y la progresiva incorporación de nuevas tecnologías, perfiles y necesidades.

„Esta planificación no existe ni en la Administración General del Estado, ni en prácticamente ninguna administración pública en España. Esta es la gran transformación”, dijo Escrivá.