Una de las reivindicaciones estrella de los agricultores españoles, que llevan dos semanas movilizándose en toda España, es la relativa a la cadena alimentaria, cuyo principal objetivo es prohibir las prácticas desleales con el fin de que los precios de los agricultores cubran los costes de producción: en suma, que cobren unos precios justos. El campo cree que no está funcionando, razón por la cual el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha comprometido a „fortalecer su aplicación” mediante un mayor esfuerzo de las inspecciones”.
La Ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor en 2014 y se modificó en 2021, se ha traducido hasta el momento en pocas inspecciones y sanciones, la mayoría de ellas, según el Ministerio de Agricultura por incumplimiento de los plazos de pago y ocho por transacciones comerciales cerradas por debajo de los costes. Según Facua-Consumidores en Acción, las multas por no observar de esta ley se reducen a 3.289 euros de media, y aún no hay ninguna por casos de venta a pérdidas.
Según la información publicada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que es la encargada de su cumplimiento, se han impuesto solo 195 sanciones firmes desde enero de 2023 hasta la actualidad. Sus cuantías oscilan entre 1.801 y 42.769 euros, con un montante total de 641.398 euros.
Las ventas a pérdidas pueden darse tanto en origen, como vienen denunciando distintas organizaciones de agricultores, como en los supermercados. En este sentido, la asociación advierte de los sospechosos descuentos que aplican determinadas cadenas en ciertos productos. Productos que o bien son utilizados como gancho con precios por debajo de costes o antes de los descuentos contaban con márgenes de beneficio absolutamente desproporcionados.
Planas aseguró este martes que la ley de la cadena alimentaria está funcionando en tanto que los precios en origen para los agricultores están subiendo. Según los datos de los sectores agrarios en su conjunto, precisó, desde 2022 hasta diciembre de 2023 los precios en origen han aumentado, descontando la inflación, por lo que la Ley -que penaliza prácticas como la venta a pérdidas- va „por buen camino”, aunque ha admitido que se puede hacer más. „Estamos satisfechos con la aplicación de la ley”, subrayó, aunque aboga por ir más allá en la mejora de la cadena y dotarla de más medidas, como poner al día los planes de inspección, para lo que ha pedido la cooperación de las comunidades autónomas.
El lunes el titular de Agricultura pidió a las comunidades autónomas aunar los controles en el campo y reforzar las inspecciones de la ley de cadena alimentaria para evitar que ningún eslabón venda a pérdidas. Planas aseguró que existen medidas „muy sencillas que están en manos de las comunidades” que se pueden adoptar para responder a la inquietud de los agricultores. Por ejemplo, instó a coordinar las actuaciones para que en una explotación se haga una sola inspección al año, y que las comunidades convoquen todos los años determinadas ayudas europeas dirigidas a los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria con el fin de darles „certidumbre y seguridad”.
Dentro de las 18 medidas que anunció Planas el pasado 15 de febrero para mejorar la situación de los agricultores españoles, sobresale una destinada a favorecer la eficiencia de la ley de la cadena alimentaria. Se trata de la creación de agencia de gestión y control alimentario que incluirá la puesta al día de los planes de inspección de oficio y la publicación de los totales de sanciones de la inspección de la cadena alimentaria que puedan acumular los infractores „en respuesta a quienes dicen que no se estaban sancionando”. „Creemos que esto será pedagógico por el efecto reputacional que tendrá en las empresas”, dijo. Planas señaló también que „se va a actualizar la directiva europea de la ley de la cadena alimentaria, que se va a equiparar con la española, la cual ha sido tomada como ejemplo”.
Deficiencias en la ley
El ministro invitó la semana pasada a que los representantes del eslabón más débil de la cadena, las organizaciones agrarias, formalicen denuncias de sus asociados ante las autoridades competentes, a la vez que ha solicitado a los responsables autonómicos que profundicen en su labor de control y tramitación de denuncias, que siempre garantizan la confidencialidad para no perjudicar al que la ha presentado. A estos últimos también les ha instado a que envíen aquellos estudios de costes que consideren que puedan ser de interés y que quieran compartir para que puedan ser publicados en un apartado específico que se va a crear en la web del ministerio
Las principales asociaciones agrícolas reclaman un desarrollo de la ley de la cadena alimentaria que permita la definición y el cálculo de los costes de producción porque, desde que se reformó la norma en 2021, „ni una sola sanción se debe al incumplimiento del precio mínimo”. Tanto Asaja como desde Coag denuncian que la Ley de la cadena alimentaria es „inútil porque no se cumple”.
Por ejemplo, desde esta última lamentan que en muchos casos los productores no pueden defender sus precios y han de vender su producto al precio que imponen los distribuidores, por lo que no cubren sus costes, lo que es legal. Para revertir esto, los agricultores proponen la creación de un índice de precios de referencia que permita conocer cuánto cuesta producir un alimento en origen. Por su parte, la secretaria general de UPA, Monsterrat Cortiñas, sostiene que se puede avanzar más en la ley de la cadena alimentaria, „que es la que nos permite negociar colectivamente las condiciones de venta de nuestros productos, y faltan detalles en sectores que lo pasan mal, como el del olivar„.
Relaciones comerciales justas y transparentes
La ley de la cadena alimentaria prohíbe la destrucción de valor y busca unos precios más justos para todos los operadores, en particular los más débiles, los productores. De esta forma, se establece que cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Por lo tanto, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos.
Asimismo, La Ley de la Cadena establece la obligatoriedad de formalizar el contrato por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de precio inferior al indicado por la normativa de lucha contra el fraude (1.000 euros en la actualidad) y las operaciones con pago al contado. En la primera venta de productos del sector pesquero y acuícola, realizadas en lonjas o mediante subasta a la baja, se dará por válida la sustitución del contrato por la factura y la documentación prevista en la normativa pesquera.
Como nuevos elementos del contrato se incorpora la indicación de las categorías y referencias contratadas, la referente a la determinación del precio del contrato o a la indicación del mecanismo de resolución de conflictos. Además, serán nulas las cláusulas de los contratos que incumplan lo dispuesto por la ley respecto a la determinación del precio. La norma señala que no se pactarán actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos, ni perjudiquen la percepción de la calidad o valor de los productos agrarios o alimentarios.
De igual forma, la nueva ley incrementa el catálogo de prácticas comerciales desleales y se incluyen nuevas infracciones. En particular, se prohíbe la venta desleal a los consumidores, que se considerará como „venta a pérdidas”, de tal forma que la distribución no podrá ofrecer al público productos alimenticios a un precio inferior al precio pagado por su adquisición. En cuanto a las sanciones, estas van desde los 250 a los 3.000 en el caso de las leves, hasta los 100.001 y 1.000.000 de euros las más graves.
