• El Gobierno podrá dar subvenciones directas sin concurso y controlar las fugas de empresas

El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros –con meses de retraso- el anteproyecto de ley de Industria, que el ministerio que dirige Jordi Hereu lleva tiempo moldeando y que es imprescindible para recibir parte de los 3.000 millones del sexto desembolso de los Next Generation. La norma apuntalará los sectores estratégicos sobre los que el Ejecutivo lleva meses construyendo un cerco. El texto pondrá un sello sobre todos aquellos proyectos clave para la economía, que pasarán a disfrutar de un catálogo de beneficios e incentivos. Deberán cumplir varios criterios, entre los que destaca el tener un volumen de inversión relevante. Además, ampliará los principios que rigen las actividades industriales, incluyendo algunos que no existían como la resiliencia y autonomía estratégica o la descarbonización. Un punto, este último, que demandará de unas inversiones de unos 3.000 millones al año por parte del sector químico español. A ellos, se suman la tradicional industria estratégica: Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio. Juntas, estas empresas facturaron 13.900 millones de euros en 2023, un 15% más que un año antes.

Para ellos, la norma derrumba los trámites de concurrencia competitiva para que puedan acceder a ayudas públicas directas, ampliando -además- la posibilidad de reconocer nuevos proyectos para la descarbonización que puedan beneficiarse de los PERTE más allá de la vigencia los fondos europeos. No obstante, establecen varias restricciones para seguir disfrutando de la financiación. Las empresas con una facturación superior a los seis millones de euros en los últimos 5 años estarán obligadas a mantener su actividad productiva durante cincos años más, en el caso de las grandes empresas; tres años para las pymes; o dos años, en el caso de las pequeñas empresas. El texto retirará la condición de beneficiario de las ayudas a todas aquellas compañías que -durante dicho periodo- reducen de manera efectiva más de un 65% la capacidad de producción o su plantilla en 500 personas o más, salvo que se deba a un cambio societario o se produzca una cesión global de activos y pasivos y se siga manteniendo la actividad.

Además, las empresas que pasen a ser consideradas estratégicas, y que tenga previsto el cierre o la reducción de la actividad en uno o más centros de trabajo, deben comunicar esta circunstancia a la Secretaría de Estado de Industria con, al menos, nueve meses de antelación. También, tendrán que comunicárselo a los representantes de sus trabajadores.

Entre las novedades, el texto plantea la creación de una reserva de recursos básicos o estratégicos, para garantizar su suministro en tiempos de crisis y pandemias. Llegado el caso, se movilizará la industria nacional con la intención de producir con mayor rapidez un listado de artículos críticos para atender una „demanda alta e inesperada”. Este apartado, apunta especialmente a las farmacéuticas, o empresas energéticas. „Quiero que sea una ley de industria para acometer los grandes retos que tenemos y que sea un gran pacto de país por la industria”, dijo hace semanas, el titular de Industria, Jordi Hereu.