Las bajas de afiliación a la Seguridad Social por despido sumaron un total de 521.891 en los primeros seis meses del año, lo que supone un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del año anterior y el máximo de la serie histórica comparable, que se inicia en 2013. Un récord que se registra mientras patronal y sindicatos esperan a conocer la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para encarecer las indemnizaciones.

El Comité Europeo de Derechos Sociales publicó esta semana el texto completo de su resolución en la que señala que el tope a la indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades contraviene la Carta Social Europea por no garantizar una compensación suficiente a los trabajadores ni disuadir adecuadamente a las empresas.

El PSOE y Sumar acordaron en su pacto de coalición revisar la regulación del despido para cumplir con la legislación europea, en referencia al Carta Social Europea, aunque no todos los ministerios están de acuerdo en que esto signifique darle la razón al Comité, cuyo carácter vinculante discuten buena parte de los expertos laboralistas. En sus conclusiones, este órgano apunta a eliminar el tope de los 24 meses de indemnización e introducir cantidades adicionales en función de las circunstancias del trabajador afectado.

Los sindicatos y en especial UGT, impulsor de la demanda ante Europa, consideran que el auge de los despidos tras la reforma laboral (se han disparado un 97% respecto al primer semestre de 2021) se debe a que las empresas siguen explotando una vía de para el despido libreque les resulta ‘barato’, o al menos rentable por el límite legal tasado y estable.

Así, muchos despidos se registran por causas disciplinarias, legalmente sin derecho a indemnización. Pero tras la reclamación del trabajador, muchos de estos ceses llevan a un proceso de conciliación o judicial, en el que se suele acabar determinando la improcedencia (es decir, que la causa del cese no está justificada), lo que implica el abono de la compensación de 33 días. El proceso es costoso, pero muchas empresas lo encuentran más sencillo que justificar un despido por causas objetivas (que conlleva 20 días por año en 12 mensualidades, un tope que nadie pone en tela de juicio).

Los datos de la Tesorería de Seguridad Social avalan esta idea: el 54,9% de las bajas calificadas como despido entran en la categoría de „disciplinario individual”, frente al 41,85 que son por causas objetivas (es decir, justificados por causa económicas, técnicas o productivas).

Hay que tener en cuenta que los datos de Seguridad Social recogen la causa aducida en el momento en el que la empresa registra la baja de afiliación, no aquellos casos en los que la improcedencia se determina en un proceso posterior. De hecho, las bajas por despidos declarados improcedentes solo suman el 0,15% del total de bajas y han retrocedido un 46%, hasta los 823, su mínimo de la serie histórica, pese a que los disciplinarios suben un 8,11% y los objetivos un 9,7%.

Los despidos y su coste

Estas cifras también registran un volumen mayor de despidos que otras estadísticas, como la Estadística de Despidos y su Coste, que elabora el Ministerio de Trabajo y publica con un año de decalaje (los últimos datos corresponden a 2022).

Sin embargo, esta métrica, que coteja los datos de ceses con las indemnizaciones abonadas, ya revela un incremento sustancial de los primeros en el primer año de la reforma junto a un descenso de las segundas, lo que apunta a que el auge de los despidos se centra en trabajadores recién contratados o de menor antigüedad, y por lo tanto más ‘baratos’ de cesar.

Inicialmente, la número tres del Ejecutivo y dirigente de Sumar plantaba establece run despido ‘a la carta’ que tuviera en cuenta las diferentes situaciones de los afectados e hiciera que las empresas no tuvieran un referente cerrado para calcular el coste de un despido improcedente, precisamente para evitar que acaben convirtiéndose en ‘despidos libres’.

Pero los socialistas temen que esto pueda provocar una inseguridad jurídica que lastre la contratación, con lo cual es partidario de otras vías, como mantener el límite actual pero dar más herramientas a los jueces para fijar indemnizaciones superiores a las tasadas legalmente en los casos en los que haya un perjuicio mayor. Pero antes debe pronunciarse en Supremo, que está estudiando las sentencias de todo signo sobre este particular lanzadas en los últimos años por diversos tribunales autonómicos, para fijar una jurisprudencia clara.

En cualquier caso, PSOE y Sumar prefiere poner el foco en un acuerdo con patronal y sindicatos para reducir la jornada, antes de ‘abrir el melón’ del despido, cuestión en la que el acuerdo se antoja mucho más lejano.