El Gobierno arranca el 2025 con el reto de sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado tras prorrogar en dos ocasiones los elaborados antes de las últimas elecciones. El ministerio de Hacienda comenzó a trabajar en estas Cuentas a mediados del año pasado, pero esta previsión no fue suficiente para cumplir con el mandato constitucional y presentar el proyecto en la Cámara Baja en el mes de septiembre. Lo que ha supuesto todo un reto para las comunidades autónomas, que por segundo año consecutivo se han visto obligadas a elaborar sus presupuestos a ciegas, debido a la incertidumbre sobre cuáles serán finalmente los objetivos de déficit de las administraciones este 2025.
El motivo es que el Ejecutivo no ha conseguido superar el paso previo a los Presupuestos del Estado, el apoyo de los parlamentarios a la senda fiscal que establecía los objetivos de déficit, deuda y la regla de gasto para los ejercicios 2025, 2026 y 2027. El Consejo de Ministros aprobó la senda de estabilidad dos veces, esta fue tumbada en una primera votación de julio por los votos en contra de Junts, PP y Vox y el Gobierno la retiró antes de que fuera rechazada por segunda vez en el mes de septiembre. Los territorios, en su mayoría gobernados por el PP, se acogieron a estos nuevos objetivos para elaborar sus cuentas, pero existe la posibilidad de que decaigan, puesto que la votación de la senda sigue pendiente sin que se haya estipulado una nueva fecha para incluirla en el debate, según trasladan fuentes gubernamentales.
Un total de once gobiernos autonómicos habían aprobados sus Presupuestos bajo este criterio al cierre de diciembre, según recoge el informe elaborado por la cartera de María Jesús Montero. Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja se ataron al déficit del 0,1% que recoge la nueva senda y que es mucho menos exigente que el superávit del 0,1% que estipulaba la senda anterior. Mientras que el resto trabajan con unos presupuestos prorrogados, pese a que algunas regiones como Castilla y León sí han aprobado el techo de gasto, pese a la ruptura con Vox que ha condicionado otras cuentas como las de Baleares o Murcia. Aragón, Cataluña y la Comunitat Valenciana también tienen pendiente la aprobación del Presupuesto para este año.
Negociación centrada en el déficit
Este margen de déficit de las comunidades autónomas va a estar en el centro de las negociaciones entre Hacienda y el resto de grupos parlamentarios sobre los Presupuestos Generales del Estado, puesto que tanto los partidos catalanes como el PP quieren elevar el límite. La senda aprobada por el Gobierno marcaba a las regiones un objetivo del 0,1% para cada uno de estos tres años y el equilibrio presupuestario como meta para las entidades locales. Esto suponía un alivio respecto al anterior, que fijaba un superávit del 0,1% para las comunidades autónomas tanto para 2025 como para 2026 y un ahorro del 0,1% y un 0,2%, respectivamente, para los ayuntamientos. No obstante, Junts ya condicionó su apoyo a la senda fiscal a que este margen se extendiera hasta un déficit del 0,8% para Cataluña por el que ascendería a 13.000 millones de euros frente a los 1.626 millones de la propuesta de Hacienda, ya que consideraban injusto que se reservara al Estado una senda más holgada con metas del 2,2%, 1,8% y 1,5% hasta el 2027.
Previsiblemente, este debate se cruzará además con la reforma del sistema de financiación autonómica para el que Moncloa tiene previsto convocar a los diferentes presidentes autonómicos este mes, así como la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica pactada con ERC y que tratan de extender al resto de territorios, lo que complicará el diálogo. No obstante, el déficit no es la única condición planteada por Junts que insta a cumplir todos los compromisos adquiridos por Sánchez para su investidura, con la amnistía como punto central. El periodo de sesiones en ambas cámaras parlamentarias no inicia hasta el mes de febrero, aunque se convocará una sesión para votar los reales decretos-leyes aprobados en el último Consejo de Ministros.
No obstante, el Gobierno quiere usar este periodo para iniciar las conversaciones formales sobre los Presupuestos. Sumar presentó en septiembre su propuesta para las Cuentas de 2025, con el objetivo de cerrar una posición común con el PSOE para después negociar con el resto de socios. La coalición llegó a un acuerdo en noviembre y sentó las bases de una reforma fiscal que finalmente ha dejado fuera la mayoría de las medidas propuestas por el grupo de Yolanda Díaz como el impuesto a los bienes de lujo o la carga fiscal a las socimis. Si bien este pacto estaba llamado a relanzar la negociación para los Presupuestos, parece que los socialistas, que llevan el control de Hacienda volverán a liderar las conversaciones con el resto de grupos políticos.
Los esfuerzos de Moncloa se centrarán en acercar posiciones con los de Carles Puigdemont, aunque el grupo de Ione Belarra también ha amenazado con obstaculizar su tramitación si no bajan el alquiler y rompen relaciones con Israel. Mientras fragua un nuevo acuerdo político, el Gobierno tendrá que operar con los presupuestos prorrogados y reasignar partidas del proyecto inicial. Algo a lo que responsables como Carlos Cuerpo quitan peso y se centra en fijar que se esforzarán para aprobarlos.
