Los empresarios le han torcido por primera vez el brazo al Gobierno de Pedro Sánchez, que ya había incluido en los Presupuestos y en el plan fiscal enviado a Bruselas una prórroga del impuesto a energéticas y a bancos. Y no es la única ocasión, porque el martes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se vio forzada a prorrogar por enésima vez la negociación de la reducción de la jornada laboral. Una muestra de que sí puede parar los pies al Gobierno. En ambos movimientos, fue esencial el voto de Junts, la formación de Puigdemont, está dispuesta a hacer sudar la gota gorda a Sánchez para aprobar sus Presupuestos y otras leyes económicas. ¿La complejidad ideológica de la actual coalición de Gobierno puede volverse en su contra en los próximos meses?

Junts busca recuperar el espectro de la antigua CiU, reivindica su papel de partido conservador, representante de la burguesía y de la amplia clase media catalana. Aunque desafortunadamente sin renunciar a la independencia, lo que limita su margen de colaboración con otras fuerzas políticas y agentes sociales. Aseguran que apoyarán todas las propuestas, que creen riqueza para Cataluña. ¿Por qué frenaron, entonces, el impuestazo a las petroleras y no a los bancos?

El detonante fue la carta enviada La Vanguardia el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, para advertir de la paralización de las inversiones de la petrolera en Tarragona por unos 1.100 millones. El movimiento fue secundado por CEPSA, la segunda petrolera, que hasta entonces se había mantenido en segundo plano. En un comunicado, reconoció también que podría frenar su apuesta por el valle del hidrógeno andaluz, lo que movilizó a los sindicatos.

Los socios árabes de CEPSA, el fondo soberano de Abu Dhabi, Mubadala, hicieron llegar a Sánchez su negativa a invertir cerca de 3.000 millones en los proyectos de hidrógeno si se prorrogaba el gravamen. Pero lo habían hecho en privado, para no desairar al presidente del Gobierno, que había participado con su presencia en la presentación de los planes de inversión.

La puntilla provino del comunicado de la patronal catalana Foment del Trevall, en el que alertaba de que estaba en juego el polo químico de Tarragona. La denuncia fue asumida por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se comprometió a trasladar esta preocupación a Sánchez.

Entretanto, la banca fue mucho más discreta en sus pronunciamientos públicos en honor, quizá, a la doctrina Botín. El legendario banquero cántabro defendia que un banco jamás podía llevarse mal con su Gobierno, al tratarse de un sector regulado.

La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelan, reconocía que el Gobierno no se había puesto en contacto con ellos. Muchas entidades pensaron que la cosa no iba en serio después de la reunión cordial mantenida en junio con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para firmar el convenio de los préstamos ICO por 30.000 millones a cuenta de los fondos Next Generation. Cuerpo no mencionó el impuesto, lo que confirma que su gestión corresponde por entero a la vicepresidenta Montero.

Al panel de rica miel de los ICO se acercaron todas las entidades. ¿Los Next Generation sirvieron para despistar ó quizá, incluso, para tapar la boca a los bancos?, que apenas rechistaron hasta que lo vieron encima.

Las manifestaciones en contra de las patronales y de los directivos bancarios llegaron en el último momento, cuando Junts tenía prácticamente tomada su decisión.

Fuentes de la formación independentista catalana reconocen que sólo los responsables de una entidad catalana se pusieron en contacto con ellos antes de esa fecha. No es necesario ser muy listos, para adivinar el nombre. El CEO de Sabadell, César González Bueno, reconoció públicamente que no se había hecho „lo suficiente”.

La presión a Junts se redobló en la última semana, con un comunicado de Foment, movido por el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, en el que advertía de los efectos adversos para ésta y para la financiación de las pymes.

CaixaBank es la entidad más afectada, según denunció su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ya que el impuesto es progresivo en función del tamaño hasta el 6 por ciento de la base imponible. Gortázar lo denominó „la tasa CaixaBank”, que podría tener que pagar unos 500 millones, casi la mitad del ingreso previsto por Hacienda.

Algunos ven en la trastienda un conflicto político. Los puentes con el partido de Puigdemont siguen sin reconstruirse por completo desde la marcha del ex director general de Fundación La Caixa, Jaume Giró. Pero sus poderes están mermados y carece de apoyos internos. Giró aspiró sin éxito a ejercer el papel de la actual portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, y luego a otros cargos en la dirección de Junts.

Sea como fuere, las dos grandes patronales bancarias, AEB y CECA, han anunciado un recurso porque consideran que se produce una doble imposición, así como una discriminación con respeto a otros sectores.

El pacto con el PNV para asumir el gravamen es la gota que colma el vaso, ya que la intención del Gobierno Vasco sería instaurar una deducción superior a la del 25 por ciento propuestas por el Estado. La principal beneficiaria sería Kutxabank y no el BBVA, que en Euskadi solo paga por su actividad en ese territorio.

Montero no da puntada sin hilo. Si alguien pensaba que iba a dejar de recaudar 2.500 millones anuales por los impuestazos se equivocó. La vicepresidenta, desesperada por la necesidad de cumplir con Europa y acuciada por el gasto público al alza, se ha sacado de la manga otros tributos para compensar con creces la pérdida y duplicar los ingresos, lo que augura una batalla judicial.

Las patronales bancarias no solo se defenderán en los tribunales, también entrarán en juego los elementos políticos. Podemos y Sumar están en contra de la supresión del impuesto a las petroleras. y podrían acabar tumbando la enmienda entera. Pero aún es pronto para asegurarlo.

Otro caso paradigmático es la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que lleva meses atascada y bajó los ultimátum de Trabajo, que jamás cumple porque no tiene apoyos suficientes para sacarla en el Congreso. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha logrado en esta ocasión aglutinar el apoyo del secretario general e CEPYME, Gerardo Cuerva, y del presidente de Foment, Sánchez Llibre, gracias de nuevo a la oposición frontal de Junts a la reforma de Díaz.

La rebelión de los empresarios llega en el peor momento para el Gobierno, con cinco vías de agua, que debilitan su gestión.

1. La imputación de su esposa, Begoña Gómez, acusada de cuatro delitos, entre ellos apropiación indebida.
2. El caso Koldo, con el riesgo de que el ex ministro José Liis Ábalos y ex secretario de organización del PSOE, tire de la manta y desvele adonde fue a parar el dinero venezolano que Delcy Rodríguez introdujo en maletas por Barajas.
3. La probable voladura de Sumar por el caso Errejón, que deteriora a la vicepresidenta Yolanda Díaz ante la opinión pública y frente a su partido, porque no le paró los pies a tiempo.
4. La falta de Presupuestos por segundo año consecutivo. Junts ni siquiera tiene acuerdo para el techo de gasto.
5. La vivienda se ha convertido en la segunda preocupación de los españoles y Podemos amenazan con retirarle su apoyo si no se toman medidas para bajar los alquileres el 40 por ciento. Algo imposible de lograr con las actuales condiciones de mercado.

Los asuntos pendientes se acumulan sobre la mesa, aunque Sánchez intentará prorrogar su mandato a cualquier precio. El giro de Junts, la mala relación con Podemos, así como la crisis interna de Sumar unido a los conflictos judiciales abren una vía para tumbar los proyectos disparatados del Gobierno en materia fiscal y laboral, que los empresarios deberían aprovechar para que no vuelva a pasar como el impuesto a la banca.

PD. Nunca más. Es urgente arreglar la descoordinación de las administraciones para evitar tragedias como las riadas de Valencia. Después de mandar tarde las alertas, es caótica la asistencia a los supervivientes.