El Informe de la Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda revela un preocupante descontrol en la contratación dentro de los ministerios. La mayoría de ellos están contratando sin prestar atención a su estrategia ni a su programación presupuestaria. Es decir, cuentan con procesos de contratación de manera desordenada y sin una planificación adecuada, lo que incide en un mal uso de los recursos públicos, así como en la incapacidad para cumplir con los objetivos y metas establecidos.
Además, cabe destacar que los datos proporcionados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) muestran una tendencia preocupante en el importe adjudicado en contratos públicos entre 2019 y 2020, con una reducción de 8.000 millones de euros en ese período. Sin embargo, a partir de entonces, la cifra experimentó un aumento significativo. El importe adjudicado en contratos públicos aumentó de 41.527 millones de euros en 2020 a 77.850 millones en 2023, lo que representa un incremento de más de 36.000 millones de euros en ese lapso de tiempo.
Sin instrucciones adecuadas
Hacienda destaca que solo el 9,52% de los departamentos realiza una adecuada planificación de la actividad contractual. Es decir, que solo un organismo tiene las instrucciones adecuadas, aunque no se desvela qué ministerio es. Sin embargo, el 33,33% carece por completo de esta programación. Asimismo, se señala que el 92,31% de los organismos carecen de instrucciones adecuadas para realizar esa planificación, lo que podría comprometer el cumplimiento de la ley y la eficiencia en la gestión de recursos públicos.
Los datos positivos que se extraen de este análisis son que solo el 23,82% tiene deficiencias poco significativas, y que el 28,57% muestra coherencia entre la programación de la contratación y el documento de descripción del programa presupuestario. Pero la realidad es que ningún departamento presenta un funcionamiento adecuado: nueve de las 22 carteras precisa de mejoras; doce de ellas, debe incorporar medidas relevantes; y dos en las que su contratación se gestiona mal en términos generales.
Mayor supervisión
La cartera que lidera María Jesús Montero plantea la necesidad urgente de implementar medidas correctivas para mejorar la gestión de la contratación, lo que podría implicar una revisión de los procesos de contratación existentes, así como una mayor supervisión y control por parte de las autoridades competentes. De hecho, Hacienda ha solicitado a los ministerios que programen de manera anual sus contrataciones para no incurrir en errores y mostrar transparencia.
Además, el informe anual de Oirescon evidencia un aumento significativo en los encargos a medios propios por parte de la Administración en 2022, alcanzando los 2.631 millones de euros, un 62% más que el año anterior. Empresas como Tragsa, Tragsatec e Ineco encabezan esta tendencia, con contratos directos que representan una parte considerable del total. Aunque estas adjudicaciones pueden estar justificadas por urgencia o seguridad pública, generan controversia, sobre todo, entre el sector privado de la ingeniería, que aboga por concursos abiertos y competencia justa. A pesar de las recomendaciones de transparencia y publicidad en los portales de contratación, no siempre se cumplen estos requisitos. De hecho, se observa un notable incremento en el número de contratos formalizados, pasando de 1.888 en 2021 a 2.773 el año pasado. El supervisor, dependiente del Ministerio de Hacienda, insta a las Administraciones a reforzar la transparencia, especialmente en el contexto de la ejecución de fondos europeos, mediante la publicación detallada de los encargos en las plataformas de contratación.
