El artículo 31.2 de la Constitución establece que el gasto público debe realizar una asignación equitativa de los recursos y que su programación y ejecución deben responder a criterios de eficiencia y economía. Este principio debería enmarcar el reciente acuerdo del Ministerio de Trabajo con los dos sindicatos mayoritarios sobre el subsidio de desempleo.
Por franjas de edad, la mayoría de los perceptores del subsidio de desempleo tienen más de 50 años. Según datos del SEPE, de un total de aproximadamente 750.000 beneficiarios, más de medio millón (el 70%) superan esa edad.
Una de las propuestas destacadas del acuerdo es la posibilidad de compatibilizar la prestación de desempleo con los ingresos de un empleo durante un período corto. Sin embargo, esto no es una verdadera innovación, ya que prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital ya contemplaban esta posibilidad desde su inicio. El subsidio de desempleo plantea un dilema para los trabajadores mayores de 52 años: si aceptan un empleo, que suele ser de baja remuneración y duración incierta, deben renunciar a un subsidio que, aunque de baja cuantía, ofrece alta estabilidad.
En la práctica, muchos desempleados optan por lo seguro y deciden no reincorporarse al mercado laboral, especialmente en casos de prejubilación que dependen de esta prestación como una fuente sustancial de ingresos. Esta situación no solo perjudica al trabajador, sino también a la sociedad, que debería aspirar a una mayor tasa de empleo, no solo entre los jóvenes, sino también entre los mayores de 55 años. Además, incentiva la economía sumergida.
Por lo tanto, es bienvenida la nueva medida que busca paliar, aunque mínimamente, la falta de reformas en las Políticas Activas de Empleo (PAE) en España. Estas políticas han sido criticadas desde diversas instancias académicas e instituciones nacionales e internacionales por su ineficacia. Desde la crisis financiera, se ha invertido crecientemente en PAE, aunque no existe una cifra consolidada y clara sobre su coste anual. Las PAE son definidas por el SEPE, pero también las comunidades autónomas, diputaciones e incluso ayuntamientos pueden añadir sus propias PAE.
Esta multiplicidad de administraciones y la falta de criterios rigurosos para la definición y consolidación de las cuentas públicas, junto con la lentitud de los sistemas de gestión basados en convocatorias y la diversidad contable de cada comunidad autónoma, hacen que sea imposible estimar con fiabilidad el coste anual de las PAE. Y, como es sabido, resulta imposible evaluar la eficiencia de una política sin datos contables fiables. Incluso los mejores servicios de empleo autonómicos carecen de una contabilidad de costes adecuada. Es esencial una reforma contable técnica que unifique los procesos de consolidación contable.
Más preocupante aún es que la desigual eficacia de las diversas PAE (orientación, formación, acompañamiento, gestión del currículo, intermediación, etc.) no se traduzca en criterios de financiación establecidos por el SEPE, lo que podría evitar el despilfarro de fondos en PAE ineficaces. Los intentos de evaluación de la eficacia se ven obstaculizados por la falta de datos completos y de calidad. Por ejemplo, se sabe cuántos cursos de formación para la atención sociosanitaria se han realizado, pero no cuántas personas los recibieron ni, lo que es más importante, si les sirvieron para conseguir un empleo en ese sector o acabaron trabajando en otro, como la construcción o la hostelería.
Una reforma en este ámbito requiere una gobernanza diferente, especialmente en la decisión sobre la distribución de recursos desde el Estado. La existencia de comisiones sectoriales dedicadas principalmente a repartir presupuestos millonarios entre comunidades autónomas, sin vincularlos a su eficacia, convierte el debate en uno político, no técnico. Esto favorece el continuismo y una expansión inercial de las PAE, incluso cuando el desempleo se está reduciendo. Es paradójico que en España las PAE, en lugar de ser contracíclicas, vayan a favor del ciclo: cuando la economía va bien, el presupuesto crece, y cuando hace una década afrontamos una grave crisis, las PAE se recortaron.
En resumen, hay demasiadas disfuncionalidades en las políticas activas de empleo que deberían ser un pilar del gobierno en materia social, en un país donde el desempleo es considerado uno de los principales problemas por los ciudadanos. Es imprescindible una reforma profunda que sea consensuada entre las diversas fuerzas políticas, ya que la ejecución depende de comunidades autónomas de variados colores políticos. Solo así los ciudadanos podrán sentir que el estado del bienestar los protege adecuadamente frente al desempleo.
