Apenas tres semanas después de que al colectivo de losmás de 70.000 graduados sociales, abogados, economistas, contables y gestores administrativos que ayudan a las empresas a desarrollar todos sus trámites fiscales y laborales se viera sacudido por una histórica movilización ante la „pesadilla burocrática” en la que viven inmersos por el bombardeo de cambios regulatorios, rectificaciones y errores informáticos y notificaciones continuas, el Gobierno no solo ha ignorado sus demandas, sino que ha vuelto a las andadas con una nueva ‘chapuza’ que ha amargado a muchos la Semana Santa.
En esta ocasión, los más afectados ha sido los más de 25.000 graduados sociales, que ‘desayunaron’ el Jueves Santo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado con la publicación de una nueva orden que desarrolla las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2024, un texto que sustituye al anterior publicado el 29 de enero. El motivo de esta actualización no es otro que la subida del SMI que se publicó el pasado 7 de febrero en el BOE pero tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero.
El incremento del 5% no solo afecta a lo que cobran los trabajadores. También obliga a revisar las bases de cotización y ha supuesto otros cambios como el incremento del 5% en el recargo introducido por la Seguridad Social a los contratos de menos de 30 días. Son precisamente estas cuestiones que también deben revisarse con efecto retroactivo las que regula la orden publicada la pasada semana, más de dos meses después de la actualización del salario mínimo.
Entre los graduados sociales ha extrañado el retraso en la tramitación. La de enero se publicó ‘solo’ 29 días después de que la prórroga de los Presupuestos de 2023 entrara en vigor, que también incluía revisiones de las cotizaciones, mientras la nueva ha tardado 53 días. Pero la sorpresa se ha traducido en malestar al ver la fecha elegida para publicarlas y comprobar que el texto incluye varias correcciones a errores en la orden anterior, lo que ha obligado a revisar todavía más a fondo los expedientes de sus clientes.
Un error nada anecdótico
El colmo se produce cuando este mismo miércoles, 3 de abril, se publica la primera corrección de errores de la norma publicada hace seis días. Y no es un error cualquiera: se produce en las tablas que regulan las bases máximas y mínimas de cotización por contingencias comunes al Régimen General para cada grupo de categorías profesionales.
En la primera redacción se incluía una única tabla que estimaba dichos topes en euros al mes para los 11 grupos. Pero al analizar las cuantías, se ve que, mientras los primeros siete grupos se movían entre una franja de 1.847,4 a 1.823 para las bases mínimas a 4.720,50 para la máxima, los restantes cuatro caían de 44,10 euros de base mínima a 157,35 para la base máxima.
¿Cómo es posible este salto? Fácil: las bases para el segundo bloque de grupos profesionales se calculan como euros por día, con lo cual deben figurar una tabla aparte para evitar esta confusión. Es lo que hace la corrección, que parece resolver una simple errata anecdótica. Pero no lo es tanto para los asesores de empresas. Aunque el error era evidente y los profesionales lo vieron desde el primer momento, lo que cuenta es lo que recoge el BOE. Y la corrección ha tardado seis días naturales y tres hábiles en publicarse, en los que se ha publicado ediciones del Boletín en llegar ha bloqueado muchos trámites.
Los asesores estudian sus nuevos pasos
El auténtico drama de estos asesores, que prestan servicio a miles de pymes y autónomos, tienen la consideración de „colaboradores” de una administración electrónica que, según denuncian, no entiende de conceptos como vacaciones, festivos, fines e semana ni los más elementales principios del derecho a la desconexión digital.
Este nuevo incidente se produce en un momento en el que el colectivo estudia cómo defender sus reivindicaciones tras la protesta del 14 de marzo, con la que se llegó a a amenazar con ‘colapsar’ los trámites telemáticos de la Agencia Tributaria, el SEPE o la propia Seguridad Social. Finalmente, no se produjeron problemas en el servicio ni incidentes reseñables, aunque los convocantes considera que se cumplió con creces el objetivo de lograr la visibilidad de su situación.
Pero lo ocurrido estos días vuelve a poner de manifiesta que el Gobierno no se ha dado por aludido. En este sentido, resulta significativo que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hoy dirigido por Elma Saiz, lo fuera hasta unos meses por José Luis Escrivá, actual ministro de Transición digital y Función Pública y responsable directo de los problemas de la administración electrónica.
